Tras los atentados lo de Cataluña vuelve a lo de siempre, cada vez más un esperpento que ya aburre a un muerto, pero como no sólo es lo que hay sino que al parecer es casi lo único que hay (la otra matraca del año, Venezuela, parece que amaina), no queda otra que sumarse a la barrila que día tras día, semana tras semana, mes tras mes y ya año tras año sigue nos machaca y preocupa a los españoles. Salvo, se conoce, a los encuestados por la CIS y a los residentes en aquella región, y esta es la primera de dos reflexiones sobre este fastidioso asunto que aún no he leído ni escuchado en ninguna parte. Según los últimos sondeos (fíate de ellos) sólo un 42% de los encuestados están por proclamar ilegalmente una república catalana independiente. Entonces, la amplia mayoría contraria debería estar más que alarmada ante la paranoia que padecen los actuales dirigentes catalanes y sus compinches. Si yo catalán desaprobase esta locura perjudicial para mis intereses lo diría, me movilizaría, protestaría cómo y donde fuese. En cambio, allí nadie dice ni hace nada. Una de dos: o se lo toman en broma o en serio pero se la refanfinfla. O, quizá, se frotan las manos ante la perspectiva de vivir en un Estado de Desacato basado en la desobediencia y no sometido al imperio de la ley en el que, por tanto, cualquiera tenga derecho a decidir lo que le salga como eludir impuestos.

La segunda reflexión se refiere a la impunidad del llamado «desafío soberanista». A ver, si yo le anuncio a alguien mi intención de propinarle una paliza, no digamos de matarlo, el Código Penal le permite acusarme de un delito por el que puedo ser juzgado y condenado. No haría falta que le sacudiera, bastaría con levantarle la voz o el puño en presencia de testigos. El delito de amenazas (definidas como «hechos o expresiones que revelan la intención de causar un mal»), se agrava cuando van dirigidas «a los habitantes de una población (…) y tiene entidad suficiente para atemorizarles». Entonces, a qué esperamos, ¿a que el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña se proclame por decreto en un mes presidente de la República Catalana desde la balconada de su palacio? (¿Se imaginan a Ceniceros haciendo lo mismo desde su palacete?). La última vez que lo intentaron (octubre de 1934) el gobierno de la República Española encarceló al catalán y el Tribunal de Garantías Constitucionales condenó a Companys y compañía a treinta años de reclusión mayor e inhabilitación absoluta y suspendió la autonomía catalana. Pero cuando el Frente Popular conquistó el poder los amnistió, restableció la Generalidad y pelillos a la mar. Dicen que la historia repite más que un pepino frotado con ajo crudo, pero en este caso no parece probable: ni el gobierno central parece tener agallas ni la oposición dos dedos de Frente.